Sin Censura / Tormenta legal

Una tormenta legal se deja ver en el horizonte del Poder Legislativo; los nubarrones en el cielo del Congreso local se tiñen de negro y advierten que el clima hostil empeorará, en el que todos los diputados serán los afectados, sobre todo, sino cambian de proceder.
Esta tormenta, parece, tiene una gran magnitud y de ese tamaño serán los efectos, porque está cargada de lodo, de rayos y vientos de cambio, que lejos de ayudar a la estabilidad parlamentaria, podría dejar a varios damnificados en sus proyectos personales, tanto económicos como electorales.
La tormenta legal empezará a fraguarse, según nos confirmaron, porque un grupo de mujeres diputadas ya preparan una serie de denuncias penales en contra de legisladores y legisladoras por presuntamente incurrir en violencia política por razón de género.
Al interior de los equipos de legisladoras como Leticia Hernández, del Partido Acción Nacional (PAN), ya estudian y recaban la información para proceder legalmente por las formas y el fondo de lo ocurrido el pasado jueves en el Congreso local, cuando un grupo mayoritario hizo cambios tanto en la Junta de Coordinación y Concertación Política como en comisiones ordinarias.
Esa recomposición del máximo órgano político del Poder Legislativo y de representaciones parlamentarias, así como la forma de hacerlo, ha sido considerada como una muestra y ejemplo de la violencia política que existe en el Congreso local.
Y si bien, la reforma a diversos ordenamientos locales para combatir y sancionar ese tipo de violencia no ha sido publicada por el gobierno estatal, las diputadas afectadas podrían agotar el principio de supremacía de norma y acogerse a lo establecido en las leyes federales en la materia e incluso, litigar este asunto ante instancias de ese nivel.
Por ejemplo, advierten que Ley General en Materia de Delitos Electorales ya prevé ese tipo de conductas y su posible sanción.
De acuerdo con el artículo 20 Bis de esa disposición, establece que comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género quien por sí o interpósita persona: Ejerza cualquier tipo de violencia, en términos de ley, contra una mujer, que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, o el desempeño de un cargo público, aspecto que aseguran ocurrió en la sesión del pasado jueves.
A su entender, las mujeres legisladoras de Tlaxcala fueron violentadas políticamente cuando las removieron de sus comisiones parlamentarias y de la presidencia de la Junta de Coordinación, ello como una vendetta política o como pago de favores respecto al rechazo a la integración de un artículo transitorio.
Recordar que a través de dicho numeral pretendían que las listas de candidaturas a diputaciones locales, por el principio de representación proporcional, iniciarán por fórmulas integradas por el género femenino, propuesta que fue rechazada.
De proceder las denuncias penales, de acuerdo con la disposición federal y la reforma estatal en la materia, los imputados podrían ser sancionados con pena de cuatro a seis años de prisión y de 200 a 300 días multa.
La tormenta que ya está formada tiene varios componentes, los cuales podrían, en caso de proceder, propiciar muchos damnificados y hasta muertes políticas para algunos de los que ahora gozan de la gran vida que da ejercer el poder.
Sin embargo, la tormenta podría disiparse a través del diálogo, la concertación y los acuerdos, en fin, con mucho oficio político que genere una recomposición interna, algo, en este momento, difícil de lograr ante el inminente inicio del proceso electoral.
Los diputados necesitan crear su propio Plan DNIII para atender esta emergencia, pues no deben olvidar la máxima popular que advierte que: “Barco con tormenta, en cualquier puerto entra”, pero siempre se requerirá de un extraordinario capitán.