Sin Censura / Intrincados

Intrincados, así están hechos en el Congreso local porque no saben cómo lograr los consensos para la definición del próximo representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Y todo porque requieren de 17 votos que ninguno de los aspirantes los tiene

Así que, hasta ayer miércoles, la mayoría de los aspirantes tienen las mismas posibilidades de ser ungidos como nuevos funcionarios del Poder Judicial y ganar, por los próximos tres años, el salario de un magistrado y las canonjías que eso y otras cosas conllevan.

Aunque hay algunos que ya están en una lista negra de aspirantes que podría ser determinante para dejarlos fuera del reparto.

Discutible o no los argumentos para sacarlos del proceso, son 13 los contendientes que ya tienen el dedo sobre ellos para no ser tomados en cuenta. En la mayoría de los casos son argumentos pueriles que usan para legitimar otras acciones.

De acuerdo con la visión de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, el primero que buscarían excluir es al profesional en derecho Erik Hernández Xicoténcatl.

La medida es porque además de aducirle la responsabilidad sobre el litigio que existe respecto al terreno en donde el ayuntamiento de Tlaxcala edificó el Polideportivo, pues fungió como director jurídico en el mandato de Adolfo Escobar Jardínez, consideran que no gozaría de imparcialidad, toda vez que es primo consanguíneo de la magistrada Rebeca Xicoténcatl Corona.

Otro que no pasaría el filtro es César Cabrera Ortega, ya que sobe él pesan señalamientos por fraude por venta de plazas en el Poder Judicial en los años 2015 y 2016. Además, recordaron que en el año 2016, al interior del Tribunal Superior de Justicia del estado fue obligado a renunciar porque le comprobaron que recibía dinero y fue denunciado por un consejero del Poder Judicial del Estado de México.

También estaría el ex diputado local y ex alcalde panista, Pedro Tecuapacho Rodríguez. Sobre él pesan los señalamientos por homicidio, por atropellamiento y malversación del erario cuando fue munícipe, además de la relación que guarda con el Poder Judicial, ya que presuntamente tiene un edificio en la Colonia Xicoténcatl, Calle 19, de la ciudad capital, el cual, con acuerdo del ex presidente del Poder Judicial, Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, habría rentado al TSJE para oficinas.

También quieren objetar al ex secretario parlamentario del Congreso local, ex consejero electoral, Enrique Zempoalteca Mejía. Lo mismo pasaría con la jueza Esther Terova Cote, ya que tiene trabajando a su esposo, Rafael Sánchez Sosa, en el Poder Judicial local.

En la misma condición está Carlos Domingo Tecocoatzi Juárez, ya que forma parte de la burocracia del Poder Judicial, en donde se desempeña como secretario de Acuerdos de Juzgado. Pero muy en especial, pesará que presuntamente fue condenado por homicidio culposo, en agravio de  Vicente N.

De acuerdo con el documento elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales, también podrían dejar fuera a Miguel Ángel Gutiérrez Mora, ello porque pesan sobre él señalamientos por fraude por la venta de pólizas de fianzas.

Del mismo modo, no quieren que siga el proceso la ex presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz María Vázquez Ávila, quien en su momento como titular del organismo, refiere el documento, fue “acusada de nepotismo por meter a su esposo en nómina y de malversación de fondos en su beneficio.

A ellos se les sumarían los nombres de Germán Lima Gracia, señalado, presuntamente, por pedir dinero a los abogados para hacer su trabajo. Él se desempeña como secretario de Acuerdos de Juzgado en el Poder Judicial, así como  Juan Antonio Gutiérrez Morales, el ex secretario parlamentario  Arturo Montiel Márquez.

A la lista negra se suman el ex magistrado supernumerario  Rafael Juárez Castañeda, Carlos Eduardo Jiménez Casco, a quien señalan por ser sobrino consanguíneo del Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez y cierra la lista Juan Carlos Cruz, quien tiene demandado al del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Pero con todo eso, se han hecho más bolas y estén intrincados, porque también hay diputados que mandaron a sus alfiles a participar en este proceso; sin embargo, parece que la convicción de los congresistas no es la de profesionalizar el Consejo de la Judicatura, sino en la búsqueda de alguna posición o abrir posibilidad a alguna negociación.

Por esa razón, ningún diputado ha querido poner sobre la mesa el nombre de alguna propuesta para ocupar esa posición y en cambio, todos se reservan a su “tapado o tapada” a fin de no iniciar la negociación y el desgaste, antes de tiempo.

Por eso, ni ellos saben quiénes serán las propuestas finales o el perfil de la persona a la que habrán de dar su voto, porque en esta ocasión, todos tienen su corazón y el deseo de lograr una posición para los suyos.

Todo esto los ha llevado a que estén intrincados y a la fecha, no saben cómo destrabar el entuerto al que dejaron llegar este proceso, en el que requieren de al menos 17 votos de legisladores para hacer el nombramiento.

De acuerdo con la Constitución Política local, el representante del Legislativo ante el Consejo de la Judicatura deberá ser un profesional del derecho de reconocido prestigio académico o que haya destacado en el ejercicio de la profesión y será designado previa convocatoria, por las dos terceras partes del total de los integrantes de la legislatura.

Al cierre de este espacio, los diputados trataban de llegar a un acuerdo para cerrar una posible terna, la cual quieren presentar al pleno este jueves y nombrar al nuevo representante del Legislativo. Aunque nadie tiene los votos para hacer la designación